Las deficiencias fiscales que en 2019 detectó GAFI en Panamá, existieron y fueron aprovechadas durante décadas por el régimen de La Habana

Solo en Zona Libre de Colón, habría dos empresas cubanas: ALISAN S.A. y Trover S.A.; mientras, los escándalos han rodeado a CIMEX.

Diario las Américas. Por DARCY BORRERO BATISTA. 5 de noviembre de 2023 –

MIAMI. – Panamá quedó excluida el viernes 27 de octubre de la “lista gris” en materia fiscal que maneja el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En la cuarta sesión plenaria de esa entidad, realizada ese día, se estimó la exclusión de la nación istmeña de la lista debido a sus “importantes avances en el tratamiento de las deficiencias estratégicas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT)”, identificadas durante evaluaciones previas.

¿Buenas noticias para quiénes? Son buenas noticias para los panameños. Sin embargo, las deficiencias que detectó GAFI en Panamá desde 2019, tres años después de que saliera a la luz la investigación Panama Papers y quedaran al descubierto las actividades de unas 214.488 offshore (con ventajas fiscales), fueron aprovechadas durante décadas por el régimen cubano para, supuestamente, evadir el embargo y las sanciones estadounidenses.

Universo empresarial bajo la lupa

Rastreos de información confirman que solo en Zona Libre de Colón, hay dos empresas cubanas, se trata de ALISAN S.A. (Partes y accesorios de vehículos) y Trover S.A. (Aparatos de Cocción y calientaplatos). Ambas están registradas en Panamá como parte de una práctica de creación de empresas offshore que mantiene el régimen cubano. El Ministerio del Comercio e Industrias y la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) de Panamá incluyeron a las dos entidades en su informe sobre Cuba en 2020.

De las dos empresas, según el directorio Open Corporates, solo estaría activa la segunda, que fue creada en 1982. De esa fecha a 2020, la habría dirigido Rosario Ferrer San Emeterio, quien a la vez desempeñó un cargo público en Cuba como vicepresidenta comercial de la corporación estatal CIMEX. La salida de Ferrer de Trover S.A. fue, según la fuente, el 30 de abril de 2020.

¿Empresarios o funcionarios?.  Una plataforma de periodismo ciudadano la señala, justo el 23 de julio de ese año como integrante de una red de corrupción y desvío de divisas en CIMEX que habría comprometido a unas 30 personas. Esta información no ha podido ser comprobada. No obstante, una publicación del medio estatal Trabajadores la cita el 23 de noviembre como si se mantuviera en el cargo en CIMEX.

En el caso de Trover S. A., también aparece como directora de la compañía la cubana Mali Suris Valmaña, quien además ha sido citada por la prensa estatal como directora jurídica de CIMEX. Fue Valmaña una de las personas que el diario oficialista Granma entrevistó para “aclarar” un escándalo sobre la venta de café Cubita en Canadá a un precio muy inferior al de la isla. Dijo, en calidad de representante de CIMEX, que se trataba de un plagio.

¿Pero por qué la directora jurídica de CIMEX hablaría sobre el café? Valmaña está vinculada a una serie de empresas offshore, entre ellas Kave Coffee S. A., con la cual Ferrer también ha estado relacionada. Asimismo, Valmaña está incluida en los offshore links por su participación como directora, y representante legal de Aimores Shipping Company Limited, registrada en Malta, pero con domicilio en La Habana, Cuba.

Esta fue la persona que en 2020 declaró, además, ante las leyes de EEUU en defensa de CIMEX S.A. frente a EXXON MOBIL CORPORATION.

La web Offshore Leaks del ICIJ relaciona también a Héctor Oroza Busutil, un coronel cubano que, mientras dirigió CIMEX S.A., fue cabecilla de empresas en Malta, Curazao y Panamá. Una nota de 2020 en Cibercuba anuncia que Oroza sería destituido en 2020 por el escándalo de corrupción que sacudió a CIMEX S.A.

Esta base de datos es cuidadosa en reconocer que existen usos legítimos para sociedades y fideicomisos offshore y que la inclusión de una persona o entidad en la base de datos de fugas del ICIJ no pretende sugerir ni dar a entender que se haya involucrado en una conducta ilegal o inapropiada. Sin embargo, lo que no es lícito es que personajes en funciones públicas, con el argumento de evadir sanciones, funjan como presuntos empresarios en entornos de débil transparencia fiscal.

El panorama podría empezar a cambiar a partir de los resultados actuales de Panamá que, de acuerdo con el GAFI, se producen “después de una exitosa visita ‘in situ’”, que demostró que el país fortaleció su régimen ALD/CFT para cumplir con los compromisos de su plan de acción de cara a las deficiencias estratégicas que se identificaron en junio de 2019.

En primer lugar, la nación centroamericana que vive actualmente una oleada de protestas masivas contra la minería se comprometió a fortalecer su comprensión del riesgo nacional y sectorial de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) e informar los hallazgos a sus políticas nacionales para mitigar los riesgos identificados.